por Guillermo Castello (Diputado Provincial de la Coalición Cívica en Cambiemos)
Creemos que la separación entre el Estado y la Iglesia Católica es un propósito deseable en una sociedad respetuosa de las libertades individuales, y entendemos que, incluso con la actual redacción constitucional, se puede avanzar en ese camino.
De hecho, a nivel nacional autoridades eclesiásticas y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional están dialogando para consensuar un plan de acción para retirar gradualmente la financiación estatal a la Iglesia Católica, de manera que sean sus feligreses quienes la sostengan.
Recordemos que nuestra Constitución Nacional establece que el gobierno “sostiene el culto católico, apostólico romano”, una redacción que ha dado lugar a intensos debates acerca de si ese deber de “sostener” el catolicismo conlleva o no la obligación de solventarlo económicamente, habiendo prevalecido la opinión afirmativa.
Además, la tradición de solventar económicamente a la Iglesia, y la íntima relación entre ésta y el Estado, resultan herencia no solo de nuestros orígenes como Nación sino de una época lejana en la que la administración pública poco intervenía en cuestiones sociales y no existía un sector profesional de desarrollo y ayuda social, por lo que la Iglesia se ocupaba en parte sustancial de la salud, educación, caridad e incluso de cuestiones burocráticas.
Afortunadamente, mucho se ha avanzado con el tiempo en el rol del Estado en éstas materias, a la vez que la sociedad ha evolucionado hacia una mayor tolerancia y pluralidad religiosas, fenómeno que ha sido atinadamente apreciado por una Iglesia más predispuesta a redefinir una cosmovisión menos dependiente de las finanzas estatales, lo que a su vez nos acercará al ideal de un Estado laico.
Este incipiente camino hacia la neutralidad estatal en cuestiones privadas e íntimas como lo son la religiosidad y la espiritualidad individuales, sin dudas fortalecerá el derecho constitucional a la libertad de cultos y debe ser celebrado y apoyado.
Es por ello que creemos necesario que la Provincia de Buenos Aires acompañe este saludable proceso revisando las diferentes fuentes de subvención estatal a la Iglesia Católica como el pago de parte de los sueldos, subsidios, donaciones y las diversas exenciones impositivas que contempla el Código Fiscal para los impuestos inmobiliario, sobre los ingresos brutos, a los automotores y de sellos.
Finalmente, estamos convencidos de que este nuevo paradigma resulta en un todo coherente con la defensa de la igualdad ante la ley, remoción de privilegios sectoriales y optimización de los recursos públicos que históricamente ha defendido la Coalición Cívica.
