El gobierno de Néstor Grindetti envió al Concejo Deliberante, para su aprobación, un proyecto por el cual busca “regular, sistematizar, unificar y actualizar” la instalación de antenas de telefonía celular en el distrito. La iniciativa presenta puntos polémicos como que no delimita los espacios de construcción de las torres y lo deja librado a las empresas. Además, la ordenanza le da la capacidad al Ejecutivo a ceder terrenos municipales para levantar antenas sin previa autorización del HCD.
En un texto similar al decreto establecido por Mauricio Macri, parado en la justicia por un amparo judicial, la Municipalidad de Lanús avanza en un plan para regularizar la instalación de antenas.
La propuesta presenta muy exiguos pedidos de control sobre la ubicación y de esta forma se enfrenta a resoluciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud sobre los cuidados que se deben adecuar para este tipo de aparatos. El denominado «principio precautorio», demandado habitualmente por ONGs, ambientalistas y organizaciones vinculadas a la salud, está ausente en la ordenanza.
En el artículo cuatro, el proyecto crea un nuevo estamento que estará encargado del control y habilitación de las antenas: Registro Municipal de Obras Civiles de Estructuras Soportes de Antenas (Re.Mu.OC.ESA), en el cual se deberá declarar “con carácter de declaración jurada” toda obra que resulte necesaria para el normal funcionamiento de las estructuras. En el artículo cinco establece que las obras ya existentes deberán presentarse entre los 90 y 360 corridos luego de la creación del nuevo espacio de control.
El registro, tanto su reglamentación y conformación, quedará bajo el control del poder Ejecutivo.
Según el artículo sexto, la construcción de las antenas y soportes deberá cumplir con “parámetros arquitectónicos, infraestructurales, tecnológicos, paisajísticos, patrimoniales, morfológicos, urbanísticos y ambientales”, pero no se especifica cuáles son esos parámetros y vuelve a dejar en manos del Departamento ejecutivo la libertad de decidir qué antena está bien instalada y cuál no.
Llama la atención, que en un tema tan sensible, no se pongan en consideración parámetros de salubridad para la construcción de las estructuras. Aquí es donde la ordenanza choca con las normativas internacionales que busca imponer la Organización Mundial de la Salud para tales temas. En este mismo punto coincide con el decreto presidencial de 2016, hoy judicializado y paralizado por un Amparo.
La propuesta si establece la necesidad de promover la “co-ubicación” de antenas, esto es que dos o más empresas puedan prestar servicios desde la misma estructura para minimizar la necesidad de multiplicar los aparatos.
Finalmente, en el artículo 17, el último, el proyecto otorga al poder Ejecutivo de Lanús “la potestad para autorizar el uso del espacio público y para la reglamentación de la vigentes ordenanza”. Así el Municipio podría ceder terrenos fiscales sin que tengan que pasar por una autorización previa del Concejo Deliberante, como es hasta ahora.