Después de cinco años, la cadena Farmacity reavivó el reclamo judicial por la imposibilidad de instalarse en la provincia de Buenos Aires y la avanzada puso en alerta al sector farmacéutico, desde donde manifestaron que la empresa quiere desembarcar sin ajustarse a las leyes vigentes. La empresa, vinculada con el vicejefe de Gobierno de la Nación, Mario Quintana, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque sostienen que los artículos que le impidieron la llegada “son inconstitucionales”
“Vemos con preocupación y esperamos que el Poder Judicial sea lo más imparcial posible porque se estarían avasallando las normas provinciales. La propia gobernadora (María Eugenia Vidal) aplica esta ley y el Poder Judicial bonaerense también se expresó y no han quedado dudas que la ley es constitucional, de corte sanitaria donde el medicamento se considera un bien social”, relató en diálogo con El Termómetro presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense (ColFarma), María Isabel Reinoso.
La normativa en cuestión, en vigencia desde 1987, establece que “las farmacias, por ser una extensión del sistema de salud, estarán racionalmente distribuidas a fin de asegurar la atención y calidad de su servicio”. Puntualmente, deben instalarse “a una distancia mínima de 300 metros una de otra y a razón de una cada tres mil habitantes”. Además, impide que este tipo de locales estén en manos de sociedades anónimas que tiene únicamente un propósito comercial.
En la causa, el Colegio interviene como “tercero coadyuvante”, y la mayor inquietud respecto de la decisión del Máximo Tribunal tiene que ver con que uno de sus integrantes, Carlos Rosenkrantz, era parte del estudio de abogados que inició el juicio por parte de la compañía. En su momento, los tribunales bonaerenses, en sus diversas instancias, desestimaron la instalación por no ser acorde con la legislación.
“Sería muy difícil de digerir que después de tantos fallos el poder diga que lo actuado no corresponde. Si hubiese un fallo contrario, sería un avasallamiento muy grande”, agregó la titular de la entidad.
En tanto, Reinoso aclaró que no se oponen a la llegada de Farmacity sino que su negativa es a que lo hagan por fuera de la ley. “Se puede instalar pero en un pie de igualdad con los que ya estamos”, observó y mencionó que otro de los puntos alude a que en este tipo de comercios venden productos que exceden el rubro farmacéutico y de salud, como pueden ser golosinas y gaseosas, lo cual también quebranta las normas actuales.
Frente a esta situación, desde ColFarma ya hicieron un pedido a la mandataria provincial para reunirse con ella y dialogar al respecto. No obstante, aún no obtuvieron respuesta.
Mientras tanto, el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino ya se pronunció sobre el tema y participará como “amicus curiae” para apoyar el reclamo del Colegio de Farmacéuticos. Es decir, que ofrece “voluntariamente su opinión” frente a este episodio.
“La empresa vinculada al vice jefe de Gabinete Mario Quintana pretende hacer de una ley a su medida violando todos los acuerdos parlamentarios. De la mano de quien fuera el abogado de la empresa y hoy ministro de la Corte, Carlos Rosenkrantz, ha llegado en queja a la Corte. Esperemos que no use su poder para vulnerar los derechos de los bonaerenses”, señaló en un comunicado.