En las últimas 48 horas la imputación por lavado de dinero al Secretario General de la UOM, Antonio Caló, fue creciendo en difusión y debate, lo suficiente como para complicar a toda la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica. En ese marco, además de perjudicar a dirigentes históricos del gremio, la imputación también golpeó las figuras de los intendentes Hugo Curto y Francisco Gutiérrez.
Las consecuencias políticas y judiciales de la causa son difíciles de adelantar, por ahora, el Jefe Comunal de Quilmes, no brindó declaraciones al respecto, en función de lo charlado en la cúpula de la UOM, donde se estableció que en primer lugar saliera Caló en defensa de sí mismo y del gremio, hecho que se produjo en la últimas horas, y en la posible difusión de una solicitada aclaratoria en los próximos días.
Alguien que también está involucrado en los hechos denunciados, y es investigado por la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales, es el dirigente Juan Carlos Chumen, otro de los metalúrgicos activos en la política de Quilmes.
Vale recordar que la causa contra Caló se originó a raíz del juicio en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, el cual condenó a un año y nueve meses de prisión a Segundo Pantaleón Córdoba, ex jefe del área jurídica de la UOM, por haber intentado sacar del país 800 mil dólares que llevaba escondidos en su auto rumbo a Uruguay.
En su defensa, Córdoba declaró que desde 1987 hasta diciembre de 2008 recibió del Instituto de Seguros SA 20 mil dólares, que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios. Según Córdoba, cada integrante de la cúpula de la UOM percibía ese mismo monto de dinero.
Antes de que esta situación explotara judicial y mediáticamente, el pasado 4 de septiembre, la UOM emitió un comunicado oficial explicando que las acusaciones en contra de los dirigentes metalúrgicos provienen de las declaraciones de un ex abogado de la entidad (Córdoba), quien fue despedido de esta Organización hace más de 6 años por haberla defraudado”. Señalando además, que “aguarda cuatro juicios orales en los cuales esta entidad gremial es querellante”.
En su defensa, Caló argumentó en un medio nacional, que todo lo que se le imputa a la UOM y sus dirigentes se basa en los dichos de Córdoba: «Él puede decir lo que quiera, él es un imputado, un despedido de la UOM y va a buscar cualquier artimaña para defenderse cuando la justicia a él ya lo condenó por traficar 800 mil dólares”.
El Secretario General metalúrgico desmintió asimismo todas las acusaciones.